Ley cambio climatico españa

Leyes de cambio climático del mundo

La finalidad de esta ley es 1) asegurar el cumplimiento por parte de España de los objetivos del Acuerdo de París, 2) facilitar la descarbonización de la economía española, su transición hacia un modelo circular, de forma que se garantice el uso racional y solidario de los recursos, y 3) promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo digno y contribuya a la reducción de las desigualdades. Esta ley pone fin, en particular, a la concesión de nuevas licencias para la exploración y extracción de petróleo y gas en el país.Los artículos 32 y 33 de la ley establecen, en particular, la obligación de informar sobre el riesgo climático a las entidades de crédito y pretenden facilitar paralelamente las inversiones en sectores sostenibles.

Fundación del clima

La ministra española para la transición ecológica, Teresa Ribera, aplaude en el Congreso tras la aprobación del proyecto de ley de cambio climático. Imagen del Ministerio para la Transición Ecológica (www.miteco.gob.es)

14 de mayo (Renovables Ya) – El Congreso de los Diputados aprobó el jueves el proyecto de ley de cambio climático y transición energética del país, allanando el camino para que la nación se libere de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2050.

El proyecto de ley ya fue aprobado por la Cámara Baja a principios de abril tras casi un año de debate. Desde entonces, ha permanecido en el Senado, que ha añadido algunas enmiendas, e incluso ha dedicado tiempo a mejorar la gramática del texto, antes de enviarlo de nuevo a la cámara baja para el golpe de martillo final. El proyecto se convertirá en ley cuando se publique en el boletín oficial del Estado.

La ley deja margen para que estos objetivos se revisen al alza en función de los conocimientos científicos y de las obligaciones del Acuerdo de París. La primera revisión está prevista para 2023, según el texto del proyecto de ley.

Antes de 2023, todos los municipios y territorios insulares con más de 50.000 habitantes deberán designar zonas de bajas emisiones para mejorar la calidad del aire. Estas zonas deberán aplicar medidas para promover los desplazamientos sostenibles -bicicletas, transporte público electrificado, desplazamientos a pie- y establecer corredores verdes intraurbanos.

Jurisprudencia sobre el cambio climático

Las emisiones anuales de C02 en 2019 fueron de 252,68 millones de toneladas, las emisiones de Co2 per cápita fueron de 7,1 toneladas en 2019[3] España representa el 9% del total de las emisiones de Co2 de la Unión Europea y las emisiones de Co2 se redujeron un 27% en 2019 respecto a los niveles de 2005, lo que es superior a la media de la UE[4].

La temperatura ha subido 1,5 grados centígrados entre 1965 y 2015[1] Según Aemet la frecuencia de olas de calor se ha duplicado desde 2010, la frecuencia de olas de calor entre 1980-2000 era de 10 a 12 olas de calor por década. Entre 2010-2020 el número de olas de calor fue de 24. La duración de las olas de calor será mayor, con al menos 41 días de calor extremo en 2050 y 50 días en el peor escenario de emisiones. En comparación con las olas de calor del periodo 1971-2000, cuando la media de días era de 21 días anuales[2].

España tiene el mayor riesgo de desertificación de la UE. El 75% de España ya se considera seca o semiárida. Alrededor del 20% de España ya está desertificada, y otro 1% corre el riesgo de desertificarse, principalmente a causa de las prácticas agrícolas[5].

La ley y el cambio climático

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética es una ley aprobada en España en mayo de 2021 que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París por parte de España.

La ley fue finalmente aprobada en el Congreso de los Diputados el 13 de mayo de 2021. El texto obtuvo el apoyo de todos los grupos excepto Vox, que votó en contra, y PP y Más País-Verdes Equo, que se abstuvieron.

Algunos expertos en la materia han criticado la falta de ambición de la ley y su riesgo de «nacer vieja»[3]. Greenpeace considera que los objetivos son insuficientes para luchar decididamente contra la emergencia climática[4].

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